SOFTWARE PÚBLICO
Es el Software propiedad de la Provincia de Buenos Aires, que es de uso de la Administración Pública Provincial y de quienes se adhieran para su utilización, a través de convenios o licencias, ya sean Municipios u otras provincias. Es la oportunidad de brindar soluciones tecnológicas de manera compartida y enlazada a los asuntos estatales para lograr la soberanía tecnológica.
Los ejes sobre los cuales se centra la política de Software Público son: la optimización de los recursos públicos, la gestión colaborativa, la socialización del conocimiento, la mejora continua, la reducción de la brecha digital y la provisión de servicios de calidad.
ES DEL ESTADO Y PARA EL ESTADO
- Contribuir a la gestión pública, persiguiendo la mejora de la organización y la transparencia de la acción provincial, para ofrecer bienes y servicios de calidad a todas las áreas de gobierno, como así también a la ciudadanía.
- Ahorrar recursos financieros y tecnológicos.
- Reducir la brecha digital en los municipios, buscando la inclusión tecnológica para la integración social.
Garantizar el acceso a la información y el ejercicio de la plena ciudadanía requiere indefectiblemente poder acceder a servicios de calidad, que sean ágiles y transversales a las múltiples realidades que se suscitan en las diferentes dependencias públicas. Esto se logra a través de una estrategia que pondere la capacidad propia de la Provincia para gestionar el funcionamiento de las áreas de gobierno y la necesidad de mejorar los recursos informáticos de forma coordinada.
Software Público Provincial persigue el objetivo de alcanzar la soberanía tecnológica dentro de la provincia, es decir, la gobernanza que ejerce el Estado sobre los sistemas informáticos. En efecto, el control de las aplicaciones por parte del Estado puede alternativamente combinar el dominio total de las etapas y los insumos de desarrollo y mantenimiento, como así también permitir la contratación o colaboración de terceros del sector público y privado. La soberanía tecnológica requiere, en consecuencia, un rol activo del Estado para garantizar la efectiva transferencia de conocimientos, ya sea desde los proveedores al Estado, o bien, entre las distintas dependencias gubernamentales.
A través de la política de Software Público, se busca coordinar acciones y criterios en función de reutilizar y mejorar el software existente, que es propiedad pública, así como también estandarizar patrones de calidad, usabilidad, accesibilidad, seguridad e interoperabilidad: aspectos que se traducen en la mejora de la gestión pública.
